En breve tiempo comenzarán los trabajos de nivelación y limpieza en los terrenos que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) adquirió para construir dos complejos de viviendas. Ya se han producido los pasos administrativos necesarios y las donaciones de los terrenos de parte de la ATE a la Municipalidad y de ésta al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV).o Las viviendas están enmarcadas en el Programa Federal de Emergencia Habitacional II y son el fruto de un acuerdo suscripto entre Municipalidad y el Ministerio de Planificación General, Inversión Pública y Servicios de Nación, y Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación y de Provincia. De un total de 400 viviendas, ATE cuenta con un cupo de 186 viviendas, 122 de ellas a construirse en terrenos que dan frente a calle Nágera y las 64 viviendas restantes en un predio ubicado frente del Boulevard Martínez. El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de Ordenanza mediante el cual el Municipio entregó las tierras cedidas a su vez por el gremio beneficiario al IAPV, organismo provincial encargado de la implementación del Programa Federal, de administrar los recursos transferidos por la Nación para su aplicación a los proyectos, realizar rendiciones de los pagos efectivizados ante la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ejercer el control de gestión sobre los aspectos técnicos y económicos del programa, suscribir los convenios con los Municipios (delegando y transfiriendo la responsabilidad operativa), adjudicar las viviendas a partir de las propuestas de los propios Municipios y realizar las escrituras traslativas de dominio a favor de los beneficiarios e instrumentar el recupero de las cuotas que abonen los adjudicatarios para su reinversión en proyectos de viviendas de su jurisdicción. Los terrenos transferidos de dominio Municipal al IAPV están ubicados uno con límite en calle Luciana Ríos y Boulevard Martínez y en calle Nágera al sur. Ambos afectados a la ejecución del grupo habitacional, en un plazo de 24 meses, a partir de la promulgación de la Ordenanza, y caducará de pleno derecho la transferencia gratuita autorizada, retornando los inmuebles al dominio municipal.